Caminos: expolio de un patrimonio público

Vicente Luchena es Coordinador de Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia, un colectivo que desde hace más de 10 años sensibiliza a la ciudadanía sobre la importancia de preservar un entorno medioambiental -el Valle de Alcudia y Sierra Madrona- que pese a estar declarado Parque Natural sigue en  barbecho en cuanto a la aplicación de políticas conducentes a la conservación del patrimonio natural que posee. En el siguiente artículo, Luchena denuncia los continuos cortes que se producen en los caminos públicos, vías pecuarias donde el tránsito siempre está condicionado por irregulares actuaciones de propietarios de fincas y otros particulares. 

Para aquellos que quieren verlo estamos asistiendo en directo al expolio, la desaparición, el robo de un patrimonio público importantísimo: los caminos. Caminos que pertenecen a todos los ciudadanos; caminos que sirven para el desplazamiento; caminos que sirven para el conocimiento de nuestra tierra; caminos que sirven para el disfrute; caminos que albergan naturaleza; caminos que, en muchos casos, tienen una carga histórica impresionante.

Existen los caminos literarios, los caminos prehistóricos, los caminos romanos,  los caminos medievales, los caminos ganaderos, los caminos vecinales, los caminos “del último adiós”. También los caminos forman parte de la cultura y de la economía de su tiempo, de ahí el camino de Flor de Ribera (molino),  el camino de la Bachillera (huerta), el camino de la Valdepeñera (mina), el camino de la Tejera del Cura, etc.

Los caminos públicos forman una red viaria enorme, y también forman una red histórico-cultural-natural asombrosa. No sólo sirven como medios de desplazamiento, sino que sirven también como soportes para descubrir la historia y el presente de nuestra tierra.

Pues bien, todo este impresionante patrimonio está siendo robado, sí ROBADO. Y se trata de un expolio no ocasional, sino sistemático y a plena luz del día. Un expolio que se ha visto incrementado de forma brutal a partir de los años 1990, y que no sólo no se frena, sino que sigue en aumento en la actualidad. Prácticamente, se puede decir que cada día se cierra un nuevo camino público en nuestro país, aunque el problema es mayor en la mitad sur.

¿Y quiénes son los responsables de este expolio? Pues habría que preguntarse quién roba los caminos públicos, y quién lo consiente.

¿Quién roba los caminos públicos? Los propietarios de las fincas que atraviesan. Generalmente son personas muy adineradas, en muchos casos son multimillonarios que acaban de comprar la finca, y como fruto de las “mejoras” a realizar, comienzan por vallarla herméticamente, sin importar un ápice si se cierran viales públicos. Por supuesto, también hay casos de otro tipo de ladrones de caminos: pequeños propietarios, gestores públicos de fincas del Estado, gestores de fincas que son propiedad de la Comunidad Autónoma, y hasta alcaldes de pequeños y grandes municipios. En la comarca de Puertollano-Valle de Alcudia tenemos el triste honor de contar con  representaciones de toda esta tipología de ladrones.

Respecto a quién lo consiente, hay dos vertientes: por un lado, aquellos representantes públicos que, teniendo la responsabilidad de evitarlo, no lo hacen. Hay que decir que, en su mayoría, los caminos públicos son competencia directa de los ayuntamientos, a excepción de las vías pecuarias (titularidad regional), y de otros casos poco frecuentes que son de titularidad estatal.

Por tanto, hay concejales y alcaldes que, lejos de proteger la propiedad municipal de los caminos públicos, se convierten en cómplices del expoliador, bien por acción, o bien por omisión. De ambos casos hay ejemplos en esta comarca. Pero no sólo estas autoridades políticas son cómplices de la situación; también el Sistema Legislativo y el Judicial dejan bastante que desear en muchas ocasiones, redactando normas que ahondan en el expolio, y aplicando leyes de forma arbitraria y caprichosa.

Existen numerosos casos de caminos públicos que son cerrados con una valla o una puerta con candado, y que el alcalde de su municipio, o bien no hace absolutamente nada por abrirlo de nuevo, o “ha llegado a un acuerdo” con el causante del delito, acuerdo bajo cuerda, claro. De esta forma, se convierten en cómplices y, como tal, deberían ser juzgados.

También hay que citar a un tercer responsable del cierre de caminos públicos: los ciudadanos. Los potenciales usuarios de los caminos también tenemos una responsabilidad, y también deberíamos de hacer valer con mucha mayor rotundidad nuestros derechos.

Hay que denunciar los hechos, hay que presionar a los alcaldes para que cumplan con sus obligaciones y, si finalmente no hay otra alternativa, hay que eliminar los obstáculos ilegales que encontremos en los caminos. No podemos permitir que, caminos por los que han transitado innumerables generaciones, nos sean arrebatados por la avaricia de algunos y la ineptitud o complicidad de otros.

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